Y dale con el aborto

Diferentes grupos sociales, entre ellos religiosos, profesionales y de la sociedad civil han mantenido por décadas una estéril discusión en torno al tema del aborto y su posible ilegalización constitucional en el marco de la reforma  a nuestra Carta Magna auspiciada por el sector gubernamental.

 

En lo relativo al aborto diversas opiniones se vierten, entres quienes están a favor y los que están en contra de la interrupción del embarazo, estos últimos  en la mayoría de los casos lo hacen atendiendo a creencias religiosa, queriendo imponer sus preceptos a toda una nación independientemente de que se sea creyente o no.

 

Es una injusticia y un atropello pretender tal imposición, negando el principio de libertad individual al que debemos someternos todos los ciudadanos y el Estado ser garante de esta.

 

En la cuestión del aborto solo las mujeres tienen el derecho a decidir cuándo y en qué circunstancia deben interrumpir un embarazo, pues se trata de su cuerpo y debe la sociedad brindarle el apoyo necesario cualquiera que sea su decisión.

 

La creencia de un grupo determinado no debe aplicarse de forma autoritaria al resto de la población mediante acciones de tipo jurídico, legal o constitucional.

 

En sociedades como la nuestra donde prima la falta de oportunidades para los sectores marginados, establecer la ilegalidad del aborto es discriminatorio por que quienes disponen de recursos lo hacen en clínicas especializadas y sin riesgo de su salud, mientras que quienes no pueden pagar lo hacen en condiciones de insalubridad y apelando a método que  comprometen su vida.

 

Debemos apelar a la sensatez y no permitir que grupos religiosos fanáticos y fundamentalistas socaven la libertad individual a que todos tenemos derecho.